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UIF descongela dos cuentas de Rubén Rocha Moya; podrá cobrar tres pensiones, pero mantiene otros recursos bloqueados
La Secretaría de Hacienda confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera cumplió una resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que permite al gobernador de Sinaloa con licencia acceder a recursos de seguridad social. La medida no implica el desbloqueo completo de su patrimonio ni el cierre de los procedimientos relacionados con su situación financiera.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), descongeló dos cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, en cumplimiento de una resolución emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
La información fue difundida este viernes 13 de noviembre de 2026, después de que el periodista Arturo Ángel publicara una investigación en Milenio sobre el levantamiento parcial de las restricciones financieras.
De acuerdo con el reporte periodístico, el desbloqueo se formalizó el pasado 5 de noviembre y corresponde exclusivamente a dos cuentas utilizadas para recibir recursos de tres pensiones provenientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
La Secretaría de Hacienda confirmó que la UIF dio cumplimiento a una suspensión provisional concedida por el tribunal, con fundamento en la protección jurídica que reciben las pensiones.
Sin embargo, la dependencia aclaró que el resto de las cuentas y recursos financieros sujetos a restricciones permanecerán bloqueados.
La resolución tampoco representa una determinación definitiva sobre el juicio promovido por Rocha Moya contra su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas.
¿Por qué la UIF descongeló las cuentas de Rubén Rocha Moya?
El desbloqueo de las cuentas bancarias se produjo como consecuencia de una resolución judicial que ordenó permitir el acceso a recursos provenientes de pensiones y jubilaciones.
La UIF explicó que la medida responde al principio de inembargabilidad de las pensiones, una protección jurídica que busca evitar que determinados ingresos destinados a la subsistencia de sus beneficiarios sean afectados por restricciones patrimoniales.
En este caso, la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa concedió una suspensión limitada a las cuentas donde Rocha Moya recibe sus prestaciones.
La determinación judicial no ordenó liberar la totalidad de sus recursos ni eliminar automáticamente su inclusión en los registros financieros correspondientes.
Por el contrario, estableció una protección específica sobre las cantidades vinculadas con sus pensiones.
Esto significa que el exmandatario estatal podrá acceder a determinados ingresos de seguridad social, mientras que otras operaciones y recursos financieros continuarán sujetos a las restricciones impuestas por las autoridades.
¿Cuáles son las tres pensiones que recibe Rubén Rocha Moya?
Según la investigación difundida por Milenio y los reportes posteriores sobre la confirmación de Hacienda, las dos cuentas desbloqueadas reciben recursos de tres instituciones.
La primera cuenta concentra dos prestaciones: una pensión por viudez del ISSSTE y una pensión por cesantía en edad avanzada del IMSS.
La segunda cuenta recibe los pagos de jubilación correspondientes a la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Rocha Moya desarrolló parte de su trayectoria profesional en el ámbito académico, por lo que la pensión universitaria se relaciona con esa etapa laboral.
La resolución permite acceder a los depósitos identificados como prestaciones de seguridad social, pero no supone que cualquier cantidad depositada en esas cuentas pueda utilizarse sin restricciones.
¿Cuánto dinero recibirá?
La información pública consultada no permite establecer con precisión el monto mensual de cada una de las tres pensiones ni la cantidad total de recursos a la que tendrá acceso después del desbloqueo.
Por ello, no sería correcto atribuir cifras específicas al exgobernador sin contar con documentos oficiales o información financiera verificable.
La decisión conocida hasta ahora se refiere al origen de los recursos y a su protección jurídica, no a una cantidad determinada.
¿Desde cuándo estaban congeladas sus cuentas bancarias?
El bloqueo financiero se remonta al 18 de mayo de 2026, cuando la UIF incorporó a Rocha Moya a la Lista de Personas Bloqueadas.
La medida se produjo después de que autoridades estadounidenses difundieran señalamientos contra el entonces gobernador de Sinaloa y otros funcionarios y exfuncionarios de la entidad por presuntos vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Las acusaciones estadounidenses fueron dadas a conocer a finales de abril y tuvieron consecuencias políticas y administrativas en México.
Entre ellas estuvieron la separación temporal de Rocha Moya de sus funciones como gobernador y las restricciones financieras aplicadas posteriormente.
Es importante precisar que las acusaciones formuladas por autoridades investigadoras no equivalen a una sentencia condenatoria.
Rocha Moya ha rechazado públicamente los señalamientos.
La existencia de un procedimiento judicial o de una medida administrativa debe distinguirse de una resolución definitiva que establezca responsabilidad penal.
¿Qué es la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF?
La Lista de Personas Bloqueadas es un instrumento administrativo utilizado por las autoridades financieras mexicanas para restringir operaciones de personas físicas o morales bajo determinados supuestos legales.
La UIF, como parte de la Secretaría de Hacienda, desarrolla funciones de análisis de información financiera y participa en mecanismos orientados a prevenir y detectar operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita.
Cuando una persona es incorporada a la lista, las instituciones financieras deben aplicar las restricciones correspondientes conforme al marco jurídico vigente.
Estas medidas pueden afectar la disponibilidad de fondos y la realización de operaciones bancarias.
Sin embargo, su aplicación está sujeta a procedimientos legales y puede ser impugnada mediante los mecanismos de defensa establecidos por la legislación mexicana.
En el caso de Rocha Moya, la controversia llegó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde obtuvo una suspensión parcial relacionada con sus ingresos por pensiones.
¿Estar en la lista significa que una persona es culpable?
No necesariamente.
La inclusión en una lista administrativa de bloqueo financiero y una sentencia penal condenatoria son actos jurídicos diferentes.
La primera corresponde a una medida aplicada dentro de un marco de prevención y control financiero, mientras que la segunda requiere un procedimiento judicial en el que se determine responsabilidad penal conforme a las pruebas y normas aplicables.
Esta diferencia resulta esencial para evitar que una restricción bancaria sea presentada automáticamente como prueba de culpabilidad.
También permite comprender por qué una persona puede impugnar una medida financiera sin que ello resuelva, por sí mismo, otros procedimientos o investigaciones.
El procedimiento judicial que permitió liberar dos cuentas
Antes de obtener la suspensión judicial, Rocha Moya intentó recuperar el acceso a sus recursos mediante un procedimiento administrativo ante la propia UIF.
De acuerdo con la información periodística, el 4 de agosto de 2026 recibió una respuesta negativa a su solicitud de exclusión de la Lista de Personas Bloqueadas.
Posteriormente, sus representantes legales promovieron un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para controvertir la decisión.
Durante ese procedimiento, la Segunda Sala Regional en Sinaloa concedió una suspensión provisional que permitió levantar las restricciones únicamente sobre las cuentas destinadas a recibir las tres pensiones.
El cumplimiento de la medida fue reportado con fecha del 5 de noviembre.
La resolución representa una decisión cautelar adoptada mientras el tribunal analiza el asunto principal.
Por tanto, no debe confundirse con una sentencia que determine definitivamente si la inclusión de Rocha Moya en la lista fue correcta o incorrecta.
Hacienda confirma que el desbloqueo es parcial
Después de la publicación de la investigación periodística, la Secretaría de Hacienda confirmó que la UIF cumplió la resolución judicial.
La dependencia explicó que la suspensión permite al exmandatario disponer de recursos provenientes de pensiones por cesantía en edad avanzada, viudez y jubilación.
También señaló que los recursos de naturaleza distinta y las demás operaciones financieras sujetas a restricciones continúan bloqueados.
Esta aclaración resulta importante porque el término descongelamiento puede interpretarse equivocadamente como una liberación completa de las cuentas.
En realidad, la decisión tiene un alcance limitado.
El exgobernador recuperó el acceso a ingresos específicos, pero el procedimiento administrativo y judicial relacionado con sus demás recursos continúa abierto.
¿Qué ocurrió con Rubén Rocha Moya y la gubernatura de Sinaloa?
La controversia financiera se desarrolló en medio de una situación política compleja para el Gobierno de Sinaloa.
Después de que se difundieran los señalamientos estadounidenses, Rocha Moya solicitó licencia al cargo de gobernador el 1 de mayo de 2026.
Posteriormente, se registraron movimientos relacionados con su posible reincorporación al gobierno estatal.
De acuerdo con los reportes publicados, el mandatario regresó brevemente a sus funciones el 21 de agosto, pero solicitó una nueva licencia al día siguiente.
Por ello, al momento de conocerse el desbloqueo parcial de sus cuentas, los medios lo identificaban como gobernador con licencia o exmandatario estatal.
Para efectos de precisión institucional, conviene utilizar la denominación gobernador de Sinaloa con licencia cuando se haga referencia a su situación administrativa.
La información financiera debe analizarse de manera independiente de los cambios registrados en la conducción del gobierno estatal.
Los señalamientos de Estados Unidos y la presunción de inocencia
El caso también tiene una dimensión internacional debido a las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses contra Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
Según los reportes sobre esas acusaciones, las autoridades de Estados Unidos señalaron presuntos vínculos con integrantes de Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.
Entre los hechos investigados se mencionan posibles mecanismos de colaboración para facilitar actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
Sin embargo, esos señalamientos deben atribuirse expresamente a las autoridades que los formularon.
Rocha Moya ha rechazado las acusaciones y no corresponde presentar las conductas señaladas como hechos judicialmente demostrados sin una resolución que así lo establezca.
El desbloqueo de las cuentas de pensiones tampoco constituye una absolución frente a esas acusaciones.
Se trata de procedimientos diferentes, con autoridades, objetivos y consecuencias jurídicas distintas.
¿Qué significa la protección de las pensiones?
La protección jurídica de las pensiones responde a su naturaleza como prestaciones destinadas a proporcionar ingresos a las personas beneficiarias.
A diferencia de otros recursos patrimoniales, determinadas pensiones cuentan con reglas especiales para evitar que sean afectadas por embargos o restricciones incompatibles con su finalidad.
El alcance de esa protección depende del tipo de prestación, las disposiciones aplicables y las circunstancias del caso.
En el procedimiento de Rocha Moya, el TFJA consideró procedente conceder una suspensión que permitiera acceder a los recursos de seguridad social identificados.
La medida no supone que las personas que reciben pensiones estén exentas de investigaciones financieras.
Significa que, aun cuando exista una controversia sobre otros recursos, determinadas prestaciones pueden recibir un tratamiento jurídico específico.
Este aspecto tiene interés público porque permite examinar los límites de las facultades administrativas y la función de los tribunales en la protección de derechos.
¿Qué importancia tiene el caso para la transparencia y la rendición de cuentas?
La controversia involucra a un funcionario público que ocupó la gubernatura de Sinaloa y que enfrenta señalamientos de autoridades extranjeras.
Por esa razón, el seguimiento periodístico debe considerar tanto las actuaciones de las instituciones financieras como los mecanismos de defensa utilizados por el interesado.
La transparencia exige conocer qué autoridad ordenó las restricciones, cuáles fueron sus fundamentos y qué resoluciones judiciales han modificado su alcance.
Al mismo tiempo, la rendición de cuentas requiere evitar conclusiones anticipadas sobre responsabilidades que todavía se encuentran sujetas a procedimientos legales.
El caso permite observar cómo interactúan distintas instituciones: la Secretaría de Hacienda, la UIF, las entidades bancarias y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Cada una desempeña funciones diferentes y sus decisiones no deben interpretarse como equivalentes.
Relevancia nacional y seguimiento desde Puebla
Aunque los acontecimientos se concentran en Sinaloa y en las autoridades financieras federales, el caso tiene relevancia nacional por sus implicaciones para el funcionamiento de las instituciones públicas.
La discusión sobre el bloqueo de cuentas, la protección de pensiones y la revisión judicial de medidas administrativas puede resultar de interés para ciudadanos de cualquier entidad federativa.
En Puebla, Atlixco y otros municipios, la información contribuye a comprender los procedimientos mediante los cuales las autoridades pueden restringir operaciones financieras y las vías legales disponibles para impugnar esas decisiones.
Sin embargo, las fuentes consultadas no documentan una consecuencia económica, administrativa o judicial directa de esta resolución en territorio poblano.
Por ello, el enfoque regional debe centrarse en su valor informativo y en las implicaciones institucionales del caso, sin establecer relaciones locales que no hayan sido comprobadas.
¿Qué sigue en el juicio de Rubén Rocha Moya?
La resolución que permitió liberar dos cuentas bancarias no pone fin al procedimiento promovido contra la inclusión de Rocha Moya en la Lista de Personas Bloqueadas.
El juicio de fondo continúa pendiente y no se ha difundido una fecha definitiva para su resolución.
Mientras tanto, el exgobernador podrá acceder a los recursos provenientes de las tres pensiones comprendidas en la suspensión judicial.
El resto de sus cuentas y operaciones financieras permanecerá sujeto a las restricciones correspondientes, salvo que una nueva determinación administrativa o judicial modifique su situación.
La evolución del caso dependerá de las resoluciones del tribunal y de las actuaciones de las autoridades competentes.
El desbloqueo parcial representa, por ahora, una decisión concreta sobre la protección de ingresos de seguridad social, pero no modifica automáticamente el conjunto de los procedimientos relacionados con Rocha Moya.
La distinción entre una suspensión provisional y una sentencia definitiva será fundamental para informar con precisión sobre los próximos acontecimientos.
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