Cannabis en México: la falta de regulación mantiene a los usuarios en un limbo legal

Ciudad de México, septiembre de 2025.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció desde 2019 el derecho de los adultos a consumir y cultivar cannabis para fines personales, la ausencia de una ley clara y la resistencia administrativa han perpetuado una situación de incertidumbre en México.

En 2019, la Corte estableció que la prohibición absoluta era contraria a la Constitución y ordenó al Congreso adecuar la legislación. Tras varios plazos incumplidos, en 2021 se declararon inconstitucionales disposiciones de la Ley General de Salud, lo que permitió a ciudadanos solicitar permisos individuales para el consumo. Sin embargo, cuatro años después, la falta de un marco regulatorio integral ha convertido ese derecho en una realidad incompleta.

Un mandato incumplido

El Congreso ha pospuesto en diversas ocasiones la discusión y aprobación de una ley general sobre el cannabis. Aunque la SCJN abrió la puerta para autorizar su uso personal, en la práctica los solicitantes enfrentan trámites prolongados, negativas arbitrarias y obstáculos por parte de la COFEPRIS, lo que restringe el acceso a este derecho.

Esta situación ha creado un escenario contradictorio: por un lado, la máxima autoridad judicial reconoce la validez del consumo personal; por el otro, los vacíos legales y administrativos convierten el ejercicio de ese derecho en un proceso desigual y desgastante.

Consecuencias sociales y jurídicas

El limbo regulatorio tiene impactos directos en distintos niveles:

• Derechos vulnerados: miles de usuarios permanecen en la indefinición legal y dependen de juicios de amparo o autorizaciones discrecionales.
• Persistencia de la criminalización: en ausencia de reglas claras, personas en comunidades marginadas siguen siendo detenidas y procesadas por consumo o portación mínima.
• Mercado sin control: la falta de regulación favorece el mercado ilegal, sin controles de calidad ni beneficios fiscales.
• Oportunidades perdidas: México deja de aprovechar un mercado potencialmente millonario que podría generar empleos, inversión y recaudación de impuestos.

Más allá del debate político

El retraso legislativo refleja una desconexión entre los avances judiciales y las decisiones políticas. Mientras colectivos ciudadanos y organizaciones de derechos humanos exigen certeza jurídica, el tema continúa estancado en el Congreso, lo que limita los beneficios que una regulación ordenada podría traer en términos de salud pública, justicia social y economía.

En conclusión:
La regulación del cannabis en México sigue siendo una asignatura pendiente que mantiene vulnerados los derechos de los usuarios y genera un vacío legal con consecuencias sociales y económicas. Una legislación integral no solo representaría un paso hacia la modernización del sistema jurídico, sino también una herramienta para reducir la criminalización y aprovechar el potencial económico de esta industria.

¿Debe México dar el paso definitivo hacia una regulación integral del cannabis que asegure derechos, promueva justicia social y detone beneficios económicos para la comunidad?