Violador en libertad, víctima desprotegida y un sistema de justicia en alarma

El caso de Priscila García —golpeada y violada por Eduardo Fierro Delgado en el estacionamiento de las Águilas— se convirtió en una punzante fotografía de las grietas que ya exhibe el nuevo modelo judicial instaurado bajo la Reforma 2024. Ella denunció en mayo 2022, tras amenazas de muerte. Él fue sentenciado a 10 años el 2 de septiembre de 2025. Pero apenas un mes después un juez le autorizó cumplir la condena en su casa, sin vigilancia. Resultado: víctima y sus hijas quedan indefensas.
Mientras tanto, en el contexto de la reforma al Poder Judicial —que abrió el concepto de jueces electos por voto popular o designación expedita— emergen señales de alerta: renuncias masivas, cargos que duran días, quejas de falta de experiencia e incluso parálisis de juzgados.
¿Qué está fallando?

1. Capacidad técnica reducida: La IBERO advirtió que el proceso de selección privilegia legitimidad electoral sobre independencia y formación técnica.


2. Independencia comprometida: Al depender del voto o del padrinazgo político, la percepción de imparcialidad se debilita.


3. Urgencia operativa: Los juzgados han quedado en crisis por rotaciones masivas y falta de continuidad.
Así, cuando se autoriza que un violador “cumpla en casa” sin vigilancia, no se trata solo de un fallo individual: es un fallo del sistema.
La justicia no debe depender de la suerte de la víctima. Y menos de la improvisación de un juez sin respaldo técnico o institucional.
Exigimos que el caso de Priscila no quede como otro número. Que la autoridad actúe, que se revuelva la medida y que Eduardo Fierro Delgado vuelva a prisión. Que el nuevo modelo no sea una promesa vacía, sino una garantía real para quienes dependen de la justicia.
Porque sí: se puede cambiar cómo elegimos jueces. Pero si al final no cumplen, lo único que habremos logrado es cambiar la estructura para perpetuar la impunidad.