¿Auditor independiente o guardián de intereses? En juego, el futuro de la ASE

La contienda por la titularidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE) cerró con 14 aspirantes inscritos y varios focos rojos por los antecedentes de los aspirantes al cargo. Lo que para algunos podría parecer un trámite administrativo más del Congreso del Estado es, en realidad, uno de los movimientos políticos más delicados del cierre de año. En la ASE no solo se fiscalizan cuentas: se controlan equilibrios, se definen narrativas y, en muchos casos, se decide la distancia entre la justicia y la impunidad.

La recepción de perfiles, avalada por la Notaría Número 18, a cargo de Mariana Castro Cue, y certificada por el secretario general Julio Leopoldo de Lara Valera, garantiza formalidad. Pero la duda que flota no es sobre el procedimiento, sino sobre el tipo de perfiles que busca —o permitirá— el Poder Legislativo para encabezar al órgano técnico más sensible del estado.

Entre los aspirantes hay tres que destacan no por su hoja de vida, sino por el peso político y los intereses que arrastran: Germán Reyna y Herrero, Juan Carlos Moreno Valle Abdala y Francisco Romero Serrano.

El nombre de Germán Reyna y Herrero, socio fundador de ARH Consultores, no ha pasado desapercibido. Su experiencia en auditoría, blindaje fiscal y defensa corporativa es indiscutible. Sin embargo, precisamente allí radica la preocupación: sus despachos —incluidos los de su esposa y socios— operan como auditores externos de casi un centenar de ayuntamientos de Puebla.

¿Puede un auditor privado que ha trabajado para medio estado convertirse en el fiscalizador público de ese mismo estado?

¿No hay allí un conflicto de interés evidente?

¿Puede garantizarse que, al asumir el cargo, no exista una deuda técnica, profesional o incluso comercial con los mismos entes que debería auditar con rigor?

A ello se suma la versión de acercamientos previos entre el aspirante y altos perfiles de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo que abre la puerta a que intereses ajenos intenten incidir en un órgano que históricamente ha sido utilizado como herramienta política para premiar aliados y golpear adversarios.

Por su parte, Moreno Valle Abdala, director de Carreteras de Cuota en el sexenio de Miguel Barbosa Huerta y secretario de la Función Pública en el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, carga con un dilema distinto. Su trayectoria es sólida, sí. Pero un nombramiento así devolvería la Auditoría a manos de un exfuncionario estatal con conexiones todavía activas en la administración pública. La pregunta se formula sola: ¿podría fiscalizar con independencia a quienes han sido sus pares y aliados?

En el caso de Romero Serrano, el regreso resulta casi una provocación. Fue él mismo quien dirigió la ASE antes de ser encarcelado durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta. Hoy pretende volver para limpiar su nombre. Más allá de su derecho a aspirar, el mensaje es inquietante: ¿cómo garantizar imparcialidad en un órgano cuyo posible titular llega con cuentas pendientes, acusaciones y heridas abiertas en el tablero político?

La pregunta que nadie quiere responder

La ASE debería ser sinónimo de autonomía, vigilancia y credibilidad. Sin embargo, con perfiles tan marcadamente vinculados a gobiernos, empresas, operadores políticos y redes de influencia, es imposible no plantearlo:

¿Está el Congreso realmente buscando un auditor independiente o solo eligiendo al próximo guardián de intereses?

La transparencia en Puebla ha sido, durante años, moneda de cambio. Un negocio en algunos casos; un garrote político en otros. Por eso el próximo titular de la ASE no es un nombramiento menor: es una señal de si el Estado quiere corregir el rumbo o mantener los mismos vicios bajo un nuevo nombre.

El proceso está en sus últimas etapas, pero desde ahora es claro que no basta con revisar currículums. Lo que está en juego es la confianza pública. Y esa, más que firmarse ante notario, se demuestra con decisiones verdaderamente independientes.

El caso Román Sánchez: el académico en la sala donde incomodan los académicos

Román Sánchez Zamora, doctor, SNI, académico, investigador en temas de fiscalización. En cualquier país que aspirara seriamente a tener un órgano de auditoría profesional, sería un contendiente sólido.

Pero aquí choca con el vicio de gremio: esa familia extensa de auditores, contadores, exdirectores, encargados de despacho y suplentes del suplente del encargado de despacho, que se heredan la institución como si fuera hacienda.

Y claro: el sistema ve llegar a un académico y no sabe si ponerlo en la terna o preguntarle qué hace ahí.

Técnicamente es el perfil más fuerte. Políticamente, el menos cómodo.

Y en esta elección la incomodidad pesa más que el mérito.

Sus posibilidades: media-baja, con espacio para subir si el Congreso necesitara un gesto de “renovación” o si el costo de elegir un operador se volviera demasiado visible.

El verdadero dilema: profesionalización o control político

Porque, al final, este proceso no se trata de los catorce aspirantes. Se trata del régimen.

Si el objetivo es alineación, Moreno Valle Abdala y Eduardo Román llevan ventaja.

Si el objetivo es imagen institucional, Román Sánchez sería la opción natural.

Si el objetivo es estabilidad interna, los técnicos de casa se acomodan como siempre.

La elección dirá algo más profundo que el nombre del ganador: qué tipo de control quiere ejercer Puebla durante los próximos siete años.

La ASE no se renueva con cada titular. Se confirma. O se redibuja ligeramente para seguir igual.

Y por eso la columna vuelve al punto de partida:

La elección del auditor no revela quién fiscalizará al estado. Revela quién se atreverá —o no— a fiscalizar al sistema que lo eligió.

Y esa sigue siendo, en Puebla, la tarea más peligrosa en un estado donde nada se mueve sin permiso.