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Son 13 los notarios de Puebla en la mira del SAT por avalar empresas fantasmas: Manuel Díaz y Montero encabezan la lista.
Los notarios Manuel Enrique Díaz Pérez y Mario Alberto Montero Serrano encabezan la lista de fedatarios con más empresas “fantasma” validadas en Puebla, con 9 y 5 sociedades constituidas, respectivamente. Ambos forman parte de un grupo de al menos 31 notarios detectados en el estado que, entre 2012 y 2018, dieron fe pública a 61 firmas “factureras”, operando bajo un esquema donde incluso algunas sociedades comparten a los mismos accionistas.
El caso más crítico es el de Manuel Enrique Díaz Pérez (fallecido en 2023), quien validó una estructura donde los nombres de los socios se repiten de forma sistemática. Un ejemplo claro es el de Gabriela Cortés Morales y Estefany Quintero Sánchez, quienes aparecen como accionistas de Consnova S.A. de C.V. y de la constructora Cosapi S.A. de C.V.
Ambas empresas fueron canceladas por el Registro Nacional de Proveedores tras detectarse irregularidades. En el caso de Consnova, su domicilio fiscal en la colonia ‘Villas del Mesón’ resultó ser una dirección inexistente.
Este patrón de ‘socios recurrentes’ se extiende a María Gabriela Sánchez Quintero y Francisco Javier Martínez Quintero, accionistas vinculados a otras dos empresas creadas por el mismo notario: Deimetsa Proyectos y Construcciones Nuarmi.
Esta última fue exhibida por el Diario Oficial de la Federación en 2021 por carecer de activos, personal e infraestructura. Al verificar el domicilio de Deimetsa, se constató que la supuesta sede de una empresa de ‘obra pesada’ es, en realidad, una vivienda en mal estado.
El segundo notario con mayor actividad en este rubro es Mario Alberto Montero Serrano. Bajo su fe pública se constituyeron cinco sociedades en años consecutivos: El Bolígrafo Verde (2013), Aqua Marine Business (2014), Luva Empresarios (2015), Ligeri de México (2016) e Into Business (2017).
Estas empresas forman parte del listado de sociedades que el SAT ha mantenido bajo la lupa por la presunción de operaciones simuladas durante el periodo de mayor auge de las ‘factureras’ en la entidad.
La notaria Hilda Sánchez Valerio también aparece en el expediente con la empresa Operadora Prose, creada en 2015. En 2020, esta sociedad fue incluida definitivamente en la ‘lista negra’ del SAT, tras no poder desvirtuar las acusaciones de inexistencia de operaciones, según lo establecido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Los accionistas Jaime Arturo Herrera Pérez y Gabriel Salas Torres no lograron comprobar la capacidad material de la firma que la notaría validó legalmente.
En la mayor parte de las operaciones se repite un mismo patrón: la legalización de sociedades donde dos accionistas controlan empresas que carecen de infraestructura real. Esta práctica puede observarse con el notario Jorge Bedolla González, ya que sus cuatro empresas validadas presentan dos socios: Luis Eduardo Muñoz y Brandon León Morales operan en Grupo Sungra, mientras que Héctor González Báez y Francisco Javier López aparecen en Servicios Integrales de Construcción e Ingeniería Ideal.
Incluso en rubros de seguridad privada, como GPP Grupo de Inteligencia, se repite la fórmula con los accionistas Alberto Isaac y Alberto Jorge Chulía.
Finalmente, el expediente suma a fedatarios poblanos como José Hugo Zurita Mercado, Juan Carlos Salazar Cajica y María Emilia Sesma Téllez. Esta red de protección notarial permitió que empresas sin empleados ni maquinaria obtuvieran contratos o facturaran servicios, evidenciando a Puebla como una de las entidades donde se practicó la evasión fiscal mediante el uso de la fe pública.
La lista de algunos notarios de Puebla mostrados en el reportaje es la siguiente:
- Antonio Oropeza Barbosa
- Enrique Camarillo Domínguez
- Hilda Sánchez Valerio
- Jorge Bedoya González
- José Hugo Zurita Mercado
- Juan Carlos Salazar Cajica
- Manuel Enrique Díaz y Pérez
- María Emilia Sesma Téllez
- Mario Alberto Montero Serrano
- Norma Romero Cortés
- Paulo Javier Rodríguez Castellano
- Rafael Gutiérrez Ruiz
- Waldo Arellano Espíndola
Para dimensionar la gravedad, El Universal elaboró el reportaje “Semáforo de Riesgos” que mide la reincidencia y la vinculación de accionistas en este tipo de empresas. A nivel nacional, las compañías factureras habrían evadido impuestos por más de 354 mil millones de pesos en un periodo de cinco años, lo que representa el 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
En Puebla, la validación de estas 61 empresas fachada, coloca a los fedatarios involucrados en un espectro de riesgo que va de medio a alto según la metodología del medio citado.
El reportaje enfatiza que, a pesar de que algunos de estos notarios de Puebla han sido vinculados a procesos o denunciados penalmente en otras entidades, las sanciones suelen ser mínimas o revocables ante tribunales.
En el contexto poblano, la falta de transparencia sobre los expedientes administrativos de los señalados dificulta conocer si las notarías siguen operando bajo el control de los mismos titulares o si existe alguna investigación abierta por parte de las autoridades estatales.
Con información de Diario Cambio