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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que se han aplicado 4 mil 193 sanciones a servidores públicos durante los primeros dos años de la actual administración. Pagos indebidos, información sustraída y compras injustificadas figuran entre las principales causas.
Más de 4 mil servidores públicos han sido sancionados en dos años: Buenrostro
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó que durante los primeros dos años de la actual administración federal se han aplicado 4 mil 193 sanciones a servidores públicos por diferentes irregularidades administrativas, informó su titular, Raquel Buenrostro Sánchez.
El balance fue presentado durante la conferencia presidencial del 22 de septiembre de 2026, donde la funcionaria detalló las acciones de prevención, investigación y sanción emprendidas por la dependencia.
Del total reportado, 3 mil 528 corresponden a faltas no graves y 665 a faltas graves.
Las cifras forman parte del informe de resultados de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno durante los primeros dos años del actual gobierno federal.
¿Por qué fueron sancionados los servidores públicos?
Buenrostro explicó que las irregularidades detectadas abarcan diferentes conductas relacionadas con el ejercicio del servicio público.
Entre las principales causas se encuentran otorgar o autorizar pagos indebidos, sustraer información que se encontraba bajo responsabilidad del servidor público, autorizar pagos por bienes o servicios que nunca fueron entregados y realizar compras innecesarias o injustificadas.
La dependencia también mencionó ocultamiento de bienes e incrementos patrimoniales, falsificación de documentos y conductas de hostigamiento o acoso sexual.
El reporte permite observar que las sanciones no corresponden exclusivamente a casos relacionados directamente con manejo de dinero público, sino también a incumplimientos de otras obligaciones administrativas.
Mil 737 casos llegaron al Tribunal
La titular de Anticorrupción y Buen Gobierno explicó además el procedimiento aplicado cuando existen posibles faltas administrativas graves.
La Secretaría integra los expedientes, pero corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolver e imponer las sanciones en los casos que son de su competencia.
Durante los dos primeros años, mil 737 servidores públicos fueron remitidos al Tribunal.
De esos expedientes, 87 servidores públicos ya fueron notificados de una sanción, mientras que mil 650 permanecen en proceso, según las cifras presentadas por Buenrostro.
Esta distinción es importante: los expedientes enviados al Tribunal no deben presentarse automáticamente como casos ya resueltos.
También hay 517 denuncias ante la FGR
Las investigaciones administrativas representan solamente una parte de las acciones reportadas.
Buenrostro informó que durante el mismo periodo fueron presentadas 517 denuncias contra servidores públicos ante la Fiscalía General de la República.
De ellas, 53 habían derivado en vinculaciones a proceso.
Entre los posibles delitos identificados en estas denuncias se encuentran enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.
Una denuncia ante la FGR no equivale por sí misma a una sentencia ni acredita culpabilidad. Corresponde a las autoridades ministeriales y judiciales determinar las responsabilidades penales en cada expediente.
Empresas también recibieron sanciones
El informe presentado por Buenrostro incluye acciones contra particulares y empresas relacionadas con contrataciones gubernamentales.
La Secretaría reportó 286 personas morales sancionadas.
De ellas, 222 recibieron inhabilitación y multa, mientras que 64 fueron sancionadas únicamente mediante una multa. En conjunto, las sanciones económicas alcanzaron 147.3 millones de pesos.
Entre las irregularidades identificadas se encuentran la presentación de documentación falsa durante licitaciones, incumplimientos contractuales, simulación de experiencia o capacidad y ocultamiento de conflictos de interés.
Gobierno reporta ahorros por 83.8 mil millones de pesos
Durante la misma presentación, el Gobierno federal aseguró que las medidas preventivas implementadas durante estos dos años permitieron generar 83.8 mil millones de pesos en ahorros.
De acuerdo con el comunicado oficial, los recursos corresponden a mejoras en los procesos de compra, seguimiento de contratos, cobro de multas y adeudos y medidas de eficiencia dentro de la organización gubernamental.
La cifra corresponde al balance presentado por el propio Gobierno federal y debe entenderse como un resultado reportado por la administración.
Puebla, entre las entidades visitadas
La Secretaría también informó sobre acciones preventivas realizadas directamente en diferentes estados.
Buenrostro señaló que hasta ahora se ha desarrollado trabajo en sitio en nueve entidades: Baja California Sur, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Tabasco.
Las acciones forman parte de la estrategia de prevención que acompaña los procedimientos administrativos y las investigaciones.
Sanciones, procesos pendientes y denuncias: tres cifras diferentes
El balance presentado por Buenrostro contiene datos que deben distinguirse para comprender su alcance.
Por un lado están las 4 mil 193 sanciones a servidores públicos reportadas por la dependencia.
Por otro aparecen los mil 737 casos remitidos al TFJA, donde 87 ya habían sido notificados de una sanción y mil 650 continuaban en proceso.
Finalmente están las 517 denuncias presentadas ante la FGR, que corresponden al ámbito penal y de las cuales 53 habían derivado en vinculaciones a proceso.
El seguimiento de los expedientes todavía abiertos ante las autoridades administrativas y judiciales permitirá conocer cuántos terminan en nuevas sanciones o resoluciones durante los próximos meses.
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